La Contraloría General informó que adelanta 270 procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos del departamento de Sucre, por una cuantía de $236.448 millones.
El primer proceso que se destaca es la construcción de un centro de salud en el municipio de Caimito, por un valor de $8.330 millones. Actualmente las obras se encuentran suspendidas.
En la auditoría se evidenció el incumplimiento de las especificaciones como la instalación de cielo raso, el acabado en pintura acrílica, la baldosa de grano, la grama para zonas verdes y la siembra de palmeras adultas.
Adicionalmente, la obra no cuenta con instalaciones eléctricas ni sus acometidas, no se instalaron los gabinetes ni el transformador, ni posee redes hidrosanitarias, se pagaron y no han sido instalados 79 sanitarios de fluxómetros (ahorro en consumo de agua) y no se cuenta con la conexión a la red de alcantarillado del municipio y, por lo tanto, tampoco está en condiciones de prestar el servicio.
En el municipio de San Onofre hay un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en el control de inundaciones mediante la canalización del arroyo Paujil, en el corregimiento del Rincón del Mar.
Se realizó la suscripción de un contrato de $2.424 millones. La obra hoy se encuentra en mal estado, incompleta y para nada funcional, con falencias en la estabilidad, incumplimiento de especificaciones técnicas de construcción, más las deficiencias en la ejecución de la interventoría. Además, no se encontraron soportes que acrediten la ejecución de las obras ni pruebas reales y físicas del contrato.
El 25 de julio de 2018 se firmó un contrato de $2.465 millones para mejorar en pavimento asfáltico la vía Sincé – Granada – Buenavista, en el departamento de Sucre.
La auditoría de la Contraloría registró deterioro de la capa de rodadura de la vía y en la sub-base y base granular, mayores valores pagados y pago de actividades no ejecutadas. Así mismo, se presentaron inconsistencias técnicas en los estudios y diseños previos, lo que produjo que se suspendiera para realizar el correspondiente ajuste, el cual debía también ser tramitado ante el OCAD.
La Contraloría también adelanta proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución de la construcción de una cancha sintética y un parque recreacional en el barrio San Rafael II, del municipio de San Marcos. Una posible detrimento patrimonial por 1.578 millones.
Los reportes indicaron debilidades en la planeación y ejecución, lo que ocasionó que se pagaran mayores cantidades de obra a la firma contratista. Igualmente, se constató que la ausencia de algunos ítems de obra generó el deterioro acelerado del proyecto y su falta de funcionalidad, lo que a la postre significó la pérdida total de los recursos públicos invertidos.
