Tres miembros de la Policía Nacional -uno de ellos en retiro– fueron capturados por la Fiscalía, tras determinar que fungían, aparentemente, como miembros de una red delictiva que explotaba sexualmente a mujeres en Francia.
De acuerdo con el ente acusador, los ahora imputados son el intendente Carlos Augusto Fernández Raigoza; el particular Diego Armado Cárdenas Gaitán, y el subintendente en retiro Álvaro Hernández Pérez. Estas personas eran las encargadas de captar a mujeres en Medellín, para posteriormente reclutarlas a la organización criminal en Europa.
Al parecer, los uniformados persuadían a sus víctimas mediante engaños: pues las convencían para trabajar como modelos webcam en el país galo. Sin embargo, las mujeres eran articuladas a una red de trata, liderada por Georges Kalliterakis, un ciudadano griego conocido como ‘León’; y el patrullero en retiro Jorge Jhovan Restrepo Lemus.
Las personas capturadas ofrecían un sueldo fijo de 20 millones de pesos colombianos a estas mujeres, según el material probatorio recolectado por la Fiscalía. Como requisito para ingresar a esta red, les pedían grabarse en video o tomarse
fotografías en ropa interior. Dicho material era enviado a los cabecillas internacionales, que se encargaban de dar el aval.
Las mujeres seleccionadas viajaban desde el aeropuerto Jose María Córdova, en Rionegro (Antioquia), rumbo a Madrid o Barcelona (España). En estas ciudades permanecían un día, y luego eran trasladadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia).
Estando allí, las mujeres daban cuenta de que el material íntimo que suministraron ya estaba divulgado en comunidades virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, a las que debían acceder para cubrir el pago de una deuda que les imponían por tiquetes, manutención y otros ítems relacionados con el viaje.
El salario ofrecido también habría sido una “falsa promesa”: pues estas mujeres no recibían ni la mitad del pago acordado.
Los policías fueron imputados, según su participación y rol, por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, cargos que a la postre no aceptaron. Estos sujetos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
