Por: Jorge Vergara Carbó
El proceso de privatización de los servicios públicos domiciliarios se inicia con la expedición de las leyes 142 (Servicios Públicos Domiciliarios) y 143 (Ley Eléctrica) de 1994. Antes de privatizar las electrificadoras del Caribe colombiano, se dio la privatización de la generación de energía con los proyectos de TEBSA, TERMOFLORES y SOPESA en nuestra región, obligando a Corelca a comprar toda la energía y potencia que generarían estos proyectos con las consecuencias negativas para la empresa, debido a que el precio que se le reconocía (Cargo por Confiabilidad) para garantizarle al país un suministro de energía y potencia estable que evitara a futuro un nuevo apagón, no cubría los costos en que incurriría la Corporación por generar un kilovatio – potencia, que no vendía al mercado eléctrico por cuatro razones: La primera, tenía que competir con el sistema hídrico cuyo costo de generación es y será siempre más bajo que el térmico. Segundo, su mercado cautivo que eran las siete electrificadoras de la costa, lo perdieron al obligar a estas empresas a comprar la energía por licitación; en tercer lugar, le prohibieron su integración vertical y, en cuarto lugar, obligarlas a comprar toda la energía en San Andrés al privado SOPESA, cuando lo correcto era entregarle la generación y distribución al operador privado pero a pesar de habérselo solicitado por escrito al ministro Jorge Eduardo Cock Londoño, éste decidió entregarle la distribución a unos comerciantes que no tenían idea del negocio. Años más tarde se le entregó a SOPESA la distribución.
Por último, le quitaron el negocio más rentable, la trasmisión regional para entregársela a Isagen, luego a ISA y hoy a Ecopetrol, su mayor accionista con el 51,4%.
Los dirigentes gremiales, al igual que los dirigentes políticos de ese entonces, callaron todos. Se les olvidó que parte de las redes y subestaciones se construyeron con los recursos de una sobretasa del 20% que pagamos los usuarios, lo otro con préstamos externos y recursos del PGN.
Como consecuencia de lo anterior, el flujo de caja de la Corporación se deterioró, situación que los inversores sabían de antemano por eso se protegieron en el momento de firmar el contrato de que este contara con el AVAL del gobierno nacional, en cabeza del ministerio de Hacienda. La falta de caja de CORELCA se cubría vía Presupuesto General de la Nación anualmente, en una suma promedio de $100.000 millones.
Ese dinero el Ministerio de Hacienda lo registraba como una deuda con la Nación. Esto permitió, al igual que con URRÁ, que la Nación, a través del Ministerio de Hacienda, se convirtiera en la propietaria de Corelca (hoy Gecelca), y de URRÁ, por eso manda en su junta directiva por encima del Ministerio de Minas y Energía.
¿Por que se quiebra Corelca?
Se dieron varios hechos: el primero el en el gobierno de Ernesto Samper y su ministro de Minas y Energía Rodrigo Villamizar (el del miti-miti ). Ellos Politizaron el sector entregándoles el manejo de Corelca y sus electrificadoras a la clase política: la primera a Carlos Espinoza Faciolince, quién nombró como su gerente a Enrique Javier Pacheco, una persona que desconocía totalmente la empresa como al sector eléctrico del país, a quién le correspondió el cierre financiero de TEBSA y en las electrificadoras a miembros de la Comisión Quinta del Senado entre otros: Atlántico (José Name), La Guajira (Amylkar Acosta), Córdoba (Salomón Nader), Sucre (Julio Guerra), en manos de ellos y de Pacheco, las electrificadoras se fueron a pique y el mismo Samper terminó interviniéndolas a través de la SSPPDD (terminaron de quebrarlas) y después vendiéndolas a los venezolanos siendo ministro de Minas Orlando Cabrales, el mismo que aprovechó el cargo para montar su propia planta de generación, Termocandelaria, a costa de impedirle a Electranta que montara su planta de Termo Río. y, padre de Orlando hijo, que cumple casa por cárcel, unos de los artífices del robo a Reficar por US$4.200 millones (los de la junta directiva de Ecopetrol que fue exonerada por la actual Procuraduría, Margarita Cabello, bajo el sofisma de haber actuado de buena fe y no tener experticia ), y como directora del DNP, Cecilia López, que las vendieron por US$900 millones a Electrificadora de Caracas y una firma norteamericana, que a los dos años se la vendieron a los españoles por US$500 millones, y que 20 años después Iván Duque termina vendiéndolas por $600.000 millones, unos US$ 132 millones de mayo 23/23, al señor Alberto Ríos y a EPM.
En segundo lugar, La Ley Eléctrica (143/94), que obligó a Corelca a desmembrarse, al impedírsele su integración vertical como venía operando desde su creación en el año 1997, atendiendo la generación, la trasmisión y la distribución y comercialización. Esta última a través de sus ocho electrificadoras por lo que poseía más del 90% de las acciones. Igualmente, la ley obligó a las electrificadoras a comprar la energía para atender su demanda mediante licitación pública y no directamente a Corelca, lo que motivó perder su mercado cautivo.
En tercer lugar, la Ley Eléctrica permitió que las empresas industriales y las grandes superficies de comercio compraran la energía en bloque directamente a los productores (hoy la limitación es de 0.25 megavatios, al inició era de 2 megavatios instalados). Lo anterior significó para industriales y grandes superficies de comercio, que su tarifa de energía pasara de $150 en ese entonces a $50 y, además, dejaran de pagar el 20% de su consumo para cubrir parte del subsidio para los estratos 1, 2 y 3. Como resultado de la ley 143 de 1994, siendo Ministro de Minas y Energía Guido Nule Amín, y director de Corelca Eduardo Verano, y estando la Comisión Quinta del Senado en su mayoría en manos de parlamentarios del Caribe, hoy muchos de ellos muertos, -solo quedan vivos Amylkar Acosta y Julio Manzur-, se permitió que se desmembrara a Corelca prohibiéndole su integración vertical sin justificación técnica y administrativa alguna mientras esa integración se les seguía permitiendo (siguen integradas verticalmente) a las empresas del interior del país EPM y ENEL, entre otras.
En cuarto lugar, el punto 3 trajo como consecuencia el deterioro de su cartera al bajar los recaudos por haber perdido a los clientes industriales y comerciales que pagaban puntualmente, incluso algunos anticipadamente cuando las empresas lo solicitaban al cliente para mejorar su caja, por ejemplo en Barranquilla y Cartagena muchas veces el gerente le pedía a uno o más empresarios si le podían girar con anticipación el monto de su factura, y muchas empresas lo hacían- y , segundo efecto, el índice de pérdida de energía, debido a que venderle energía a grandes consumidores conlleva a reflejar un índice de pérdida bajo, debido a que es poca o nada la energía que se pierde con esos clientes. No es lo mismo venderles a usuarios de medios o bajos consumos dispersos que a grandes clientes concentrados como lo estaban en Barranquilla (Vía 40) y Cartagena (Mamonal). Ejemplo de ello fue la empresa ELECTRIBOL, que para la época antes de instalarse la empresa Pro Eléctrica, su índice de cartera era del 95%, y el de pérdida de energía, el 8%. Una vez entró en operación esa empresa, su cartera bajó al 85%, y sus pérdidas de energía subieron al 32%. Por esa razón empresas como las de La Guajira, César, Magdalena, Sucre y Córdoba presentaban y siguen presentando índices de recaudo bajos, y altos volúmenes de pérdida de energía.
En quinto lugar, el impulso dado por el Gobierno a través de varios decretos y la Ley Eléctrica para impulsar la autogeneración facilitada por las medidas económicas y tributarias tomadas por el ex presidente César Gaviria, prebendas aprovechadas por muchas empresas de la región (hoy pueden vender el excedente de energía y potencia disponible en el mercado).
En sexto lugar, la estrategia de los industriales cartageneros, que montaron su propia empresa de generación para atender su mercado concentrado en Mamonal. Fue así como crearon a Pro Eléctrica con una capacidad instalada de 100 MW (1994), nombrando como su primer gerente al ingeniero eléctrico William Murra Babún, que anteriormente ejercía el cargo de gerente de Electribol con magníficos resultados. Esto, como era de esperarse, trajo consigo la quiebra de Electribol que, por ese solo hecho, pasó de ser la mejor empresa del país a una de las peores al deteriorarse todos sus índices de gestión.
En séptimo lugar, al prohibirle la integración vertical le quitaron el negocio más rentable, la trasmisión, ya que quien quiera vender un kilovatio tiene que pagar un peaje por usar las líneas y las subestaciones; los riesgos de ese negocio son mínimos para entregárselo a ISAGEN, que en ese momento era gerenciada por Javier Genaro Gutiérrez, quién años después será gerente de Ecopetrol, y hoy la trasmisión la maneja ISA, que para esos fines creó la empresa Transelca, que gerencia desde sus inicios Guido Nule Amín, y a la fecha el principal accionista de ISA es Ecopetrol con un 51,4%, seguido de EPM con el 7%.
En octavo lugar, lo descrito en los puntos anteriores fue aprobado por los parlamentarios caribeños y los gremios de la región. Todo ello trajo como consecuencia la quiebra de Corelca y sus electrificadoras. Así fue como le dieron muerte a la única empresa que integraba el caribe colombiano, hasta el punto que gracias a ella no solo se electrificó toda la Costa Atlántica, sino que también fue posible en el gobierno de Belisario Betancourt dirigir y elaborar el Plan de Desarrollo del Caribe colombiano “Un Viaje Hacia el Futuro” y lograr, además, la creación del CORPES de la Costa Atlántica mediante la expedición de la Ley 76 de 1985, cuyo primer director fue Amylkar Acosta. En esa misma ley, se incluyó un artículo que autorizaba al DNP a crear otras Regiones de Planificación, las cuales se crearon.
Un sacrificio nunca compensado
Los caribeños nos sacrificamos por el resto del país para evitar un nuevo apagón a costa de perder nuestra independencia en materia energética y ese sacrificio no fue compensado con el valor recibido por el “cargo por Confiabilidad” fijado en ese entonces, lo que sin duda nos llevaría a la quiebra, por la sencilla razón que la energía y potencia comprada a los privados no la podíamos colocar en el mercado por diferencia de precios entre el sistema hídrico y el térmico, lo que obligaba a la Corporación muchas veces a pedirle a los privados que no generaran para poder ahorrar al menos el costo del combustible. Triste, pero real.
Mi posición, como la de otros funcionarios de Corelca, manifestada tanto a Eduardo Verano como a Enrique Javier Pacheco, siempre fue la misma, que esos proyectos de TEBSA y TERMOFLORES eran buenos para el país, porque a futuro evitarían un nuevo apagón, pero malo para la empresa porque terminaría quebrada y liquidada tal como sucedió, afectando a más de 1.000 personas, que fueron indemnizadas económicamente, le dieron entierro de tercera a una entidad que hizo mucho por la región, y lo triste es que fue culpa de su propia clase dirigente, como lo es hoy también que nos tienen pagando un sobreprecio por la energía que consumimos.
El tiempo lamentablemente terminó dándonos la razón a quienes defendíamos los intereses de la empresa. Lo recomendado no tuvo eco. Primó más el interés nacional que los regionales.
Hoy perdimos todo, tenemos dos empresas generadoras manejadas al capricho de una junta directiva en manos del ministerio de Hacienda, que en últimas decide qué hacer en Gecelca y Urrá.
En cambio, los paisas y bogotanos (EPM y Energía de Bogotá) pudieron mantener su estructura administrativa y sus negocios integrados verticalmente lo que les ha permitido no sólo atender a su mercado cautivo, sino expandirse a otras zonas del país, expansión que hoy es posible al modificar el porcentaje del 25%, por uno superior. Lo que le permitió a EPM hacerse al mercado de Caribe Mar (Bolívar, Sucre, Córdoba y César).
UNA MENTIRA QUE HACE CARRERA EN LOS MEDIOS BOGOTANOS
Varios medios de comunicación de Bogotá estigmatizan a los caribeños no solo en tratarnos como ‘mala pagas’, sino también como robadores de energía eléctrica. Parte de esos comentarios es producto de las declaraciones de los gerentes de las empresas Electricaribe, Air-e y EPM, quienes para esconder su ineficiencia y no atreverse a decir la verdad, utilizan como argumento los altos índices de pérdida de energía y bajos niveles de recaudo que presentan en su gestión.
Los bogotanos como los antioqueños deben saber que, desde hace 26 años, la clase política y gremial de la región nada tiene que ver con el manejo de las electrificadoras del Caribe colombiano, ya que han estado durante ese tiempo en manos de privados, con su propia junta directiva sin inherencia de extraños, pero con malos resultados.
Hoy ambas empresas presentan índices bajos de recaudo y porcentajes altos en pérdida de energía por encima del 31%. Ambos porcentajes no se deben a que los caribeños seamos ‘mala pagas’, o “robamos energía eléctrica”, ello es debido a varios factores los cuales trataremos de explicar en detalle:
1. Los privados no hicieron las inversiones que tenían que hacer en redes, trasformadores, postes, protecciones y subestaciones lo que ha incrementado las pérdidas físicas llamadas técnicas.
2. Cometieron el error de cambiar gran parte de las redes de cobre por redes de aluminio cuya vida útil no es la misma.
3. La Ley Eléctrica (143/94), permitió a las empresas que consumían 2 MW, cifra que se fue bajando hasta llegar a 0.25 MW, comprar energía en bloque a los generadores y no a los distribuidores.
4. La misma ley permitió la autogeneración la cual fue subsidiada por el gobierno con baja de aranceles y facilidades para importar, lo que significó para las electrificadoras y generadoras perder ese mercado
5. La ley cambió sustancialmente la estructura del mercado de las electrificadoras principalmente las del Atlántico, Bolívar y Magdalena afectando por ende su nivel de recaudo y su volumen de pérdidas, tal como lo expresamos anteriormente con el caso de Electribol y la entrada de la empresa Pro Eléctrica que le quitó todos los usuarios industriales y de grandes superficies y hoteles.
6. Indudablemente que en la Región Caribe la propensión al fraude es mayor que en el interior del país, porque mientras en Bogotá y Medellín, el estrato 6 consume en promedio unos 250 kilovatios, nosotros consumimos entre 1.500 y 2.000 kilovatios. Por esa diferencia, la tarifa que pagamos en el Caribe debería ser menor que la que pagan en Bogotá o Medellín, y no lo contrario como sucede hoy, que pagamos $200 más, por kilovatio consumido.
Entonces no nos digamos mentiras. Los bajos índices de recaudo y los altos índices de pérdida de energía no se deben a los caribeños, sino a la estructura del mercado Caribe, que el 90% es residencial y centrado en los estratos 1 y 2.
Lo afirmado anteriormente es tan cierto (lo demostramos con Electribol) que si a EPM y a ENEL, o cualquiera otra empresa del interior del país, le quitamos lo vendido al sector industrial y grandes superficies de comercio, esas empresas empezaran a mostrar índices de gestión igual o superior a lo que muestran hoy Air-e y Afinia.
UTILIDADES DE AFINIA.
Hoy la empresa Afinia muestra utilidades a diciembre de 2022, de $0.6 billones, producto de venderle a los usuarios regulados 5.144 GWH, y a los No regulados 762 GWH, y peajes por 1.281 GWH, para un total de venta de energía de 7.187 GWH-año (Datos proyectados con base a los del 2021). Esas utilidades se deben principalmente al sobrecosto de $200 por kilovatio que pagan los usuarios regulados por concepto de pérdida de energía y comercialización (resolución 40272 del MME 2020) y a que EPM le ha cedido varios contratos No Regulados por 799 GWH. Igualmente, la utilidad está afectada por la penalización de sus estados financieros por deterioro de la cartera.
Precisamos que la cartera es alta, porque en el negocio de compra de las empresas, el gobierno les hizo entrega de una cartera superior a los dos ($2) billones de pesos sin justificación legal alguna. Un regalo que no tenían por qué darlo, al igual que le regalaron 22 días de facturación del mes de septiembre del año 2020, ya que estas empresas a partir del 8 de octubre repartieron recibos a su favor cobrándole esa energía que la pagó Electricaribe en liquidación. De Air-e no podemos dar información sobre su estado de resultados en 2022 porque ellos no publican su informe de gestión aprobado por la asamblea de accionistas. No hay autoridad en el país que los obligue a publicar sus estados financieros auditados.
El robo a los caribeños por el sobreprecio que pagamos
Esto significa que los caribeños le hemos pagado de más a EPM de octubre del 2020 a mayo del 2023 la suma de $2,36 millones. A la empresa Air-e le pagamos $3,02 billones, para un gran total pagado de $5,386 billones. Lo anterior demuestra que sus utilidades o menores pérdidas financieras son producto del robo que se hace por parte del gobierno central contra los caribeños al obligarnos a pagar un sobreprecio. En 10 meses el gobierno Petro no ha hecho nada para solucionar esta injusticia.
*proyectado a 5%; ** restar energía comprada de vendida; ***dividir energía perdida sobre compra energía; + excluir compra y venta energía No regulada; 0 no se encuentra dato para Aire sobre compra y venta a los No regulados, como tampoco lo relacionado con el peaje que son GWH que inciden en el cálculo de venta de energía y en el cálculo del porcentaje de pérdida.
En el informe de gestión de Air-e del año 2021, publican el monto de las pérdidas de energía físicas que son del 12,17% (1.115GWH/9.164), lo que indica que debe invertir en redes y subestaciones, y las no técnicas 18,8% (1.726/9.164), para un total de 31%, según ellos; pero que en nuestro cálculo del cuadro anterior es del 32%.
Según el cuadro del caso pérdida de energía, podemos notar como el porcentaje de pérdidas de energía aumenta al quitar del balance la energía no regulada. Las pérdidas de energía en Afinia, empresa con la que contamos con información, pasa en ambos años del 17,8%, al 18,8%, sube un punto por el volumen bajo de venta a los No regulados. Lo normal en los No regulados o ventas a los grandes clientes, es perder energía como máximo en un 9%, en Colombia. Air-e pierde el 12,7%.
Para evaluar la incidencia que para Air-e y Afinia significan sus índices de pérdida de energía y cartera, haremos una simulación aplicable para ambas empresas. Supondremos que ambas compran 3.000 GWH para sus usuarios No regulados, y de esa energía comprada pierden el 9%, al venderla.
Este ejercicio muestra claramente que al venderle un mayor volumen de energía a los grandes consumidores (No regulados) el índice de pérdida de Afinia pasa del 17,8%, al 9,3% sin necesidad de realizar ningún tipo de inversión y no dudamos que su índice de recaudo aumentará ya que esos clientes pagan puntualmente su factura, lo que les mejorará la caja para realizar las inversiones que se necesitan para ofrecer un buen servicio, así como las utilidades. Las de Air-e pasan del 32% al 26.6%.
Conclusión:
1. El ejercicio presentado como las cifras que registramos que son de los estados financieros de las empresas demuestra claramente que no son los caribeños los culpables de los altos porcentajes de pérdida de energía ni de los bajos niveles de recaudo.
2. Es la estructura del mercado de distribución la que de una u otra manera afecta los índices de gestión.
3. El negocio de la energía que se estructuró y aprobó en la Ley Eléctrica favoreció a los generadores y trasmisores a costa de los distribuidores que, aparte de no poder contar con un mercado de alto consumo, le imponen una tarifa oligopólica en los contratos de largo plazo y peor aún, en la bolsa de energía.
4. Con la Ley Eléctrica favorecieron a EPM y a ENEL al permitirles continuar integrados verticalmente y afectaron a Corelca al no permitirle su integración vertical.
5. Producto de la decisión del montaje en el Caribe colombiano de los proyectos TEBSA y TERMOFLORES y de lo establecido en la Ley Eléctrica, Corelca se quebró al no compensarle el Gobierno nacional a través del cargo por confiabilidad, la retribución necesaria para seguir operando.
6. La clase política y gremial del Caribe fue la culpable de la quiebra de Corelca y sus electrificadoras, y hoy siguen siendo culpables de que paguemos un sobreprecio por la energía que consumimos.
7. Podemos garantizar sin temor a equivocarnos que, si a EPM y ENEL le quitan el mercado NO regulado, esas empresas presentarían índices de gestión en pérdida de energía superiores al 25%, e índices de recaudo del 75% o menos.
8. Air-e y Afinia se embolsillan $5,4 billones que no deberíamos pagar los caribeños por el Artículo 318 del Plan de Desarrollo 2018-2022, base para que la CREG emitiera las resoluciones 010 y 078, demandadas ante el Consejo de Estado por el alcalde Jaime Pumarejo. Esas resoluciones más la Resolución 40272 del MME nos obligan a pagarle a Air-e y a Afinia $200 por kilovatio consumido.
9. Debe revisarse a fondo la Ley 143 de 1994, de tal forma que se busque un equilibrio entre todos los actores del sector eléctrico buscando que todos estén en igualdad de condiciones y principalmente eliminar el oligopolio existente en la generación de energías y en la concentración del mercado distribuidor.
10. El MME como el señor presidente Gustavo Petro y los honorables miembros del Consejo de Estado, deben eliminar las resoluciones de la CREG y del ministerio que nos obligan a los caribeños a pagar un sobrecosto que no tiene justificación administrativa y técnica, siendo por ello inmoral.
11. Igualmente tengan en cuenta que vivir a 34 grados bajo a la sombra, nos obliga a utilizar equipos de ventilación, por ello nuestra tarifa debe estar un 20% por debajo del costo del kilovatio/hora y el consumo de subsistencia debe subirse a 220 KV y mantener el subsidio a los estratos 1, 2 y 3, tal como se vienen dando actualmente.
Finalmente, decirles a los medios de comunicación de Bogotá que los caribeños sí pagamos y no robamos energía eléctrica, tal como lo demostramos en los supuestos utilizados.
PRESIDENTE, SEGUIMOS ESPERANDO LA REBAJA EN LAS TARIFAS.
