Trabajar sin permiso legal. De esta manera trabajan muchas personas en el estado de Florida. En adelante, el futuro de todos ellos depende ahora de un hilo por una ley migratoria recién aprobada.
La iniciativa impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis busca, entre otras cosas, busca impedir la contratación de personas indocumentadas.
A partir del 1 de julio, las compañías de más de 25 empleados deberán comprobar en una base de datos federal el estatus legal de las personas a las que deseen emplear. Ignorar esa obligación y contratar a un extranjero en situación irregular conllevará multas cuantiosas.
Un joven, cuya identidad prefirió reservar, lleva dos décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, pero teme no poder seguir haciéndolo. Como muchos, abandonó su país natal, México, buscando una mejor situación económica. Fue albañil hasta que una lesión lo obligó a cambiar de sector.
Ahora vive en un apartamento del centro de Miami con su esposa nicaragüense y un sobrino de ella, Joel Altamirano. Los tres trabajan. Ninguno tiene permiso para hacerlo.
“Para los que venimos sin ningún documento, más que con las ganas de trabajar, se nos hacen más estrechos los caminos para encontrar un empleo”, lamenta Pérez, que pide usar un seudónimo por temor a los servicios migratorios.
“El sueño americano no es nada más que eso, un sueño”, añade. “El gobierno nos acorrala cada día más. Esta vez el trato es sin misericordia. Prácticamente ya no valemos nada”.
En Florida, un estado de unos 22,2 millones de habitantes, viven 772.000 migrantes indocumentados, según una estimación del laboratorio de ideas Migration Policy Institute.
Muchos de ellos trabajan en sectores esenciales para la economía estatal como la agricultura, la construcción y la hostelería.
Impedir que lo sigan haciendo tendrá graves consecuencias económicas, advierte Samuel Vilchez, director para Florida de la American Business Immigration Coalition, una asociación empresarial que aboga por una mejor integración de los migrantes en la economía.
“Ataca a nuestras empresas y les impide crear nuevos puestos de trabajo, generar ingresos y prestar los servicios que pretenden ofrecer”, advierte Vilchez. “Va en contra de lo que sabemos que es bueno para la economía y tendrá efectos devastadores para Florida”.
Según la oenegé Florida Policy Institute, la nueva ley podría generar pérdidas anuales de 12.600 millones de dólares para la economía del estado al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que pagan.
La incertidumbre creada por el cambio legal ya tiene consecuencias en los lugares de trabajo, a pesar de que aún no ha entrado en vigor y de que no obliga a denunciar la presencia de extranjeros en situación irregular.
