Esta decisión también cobija además a un abogado y a un investigador privado.
El exdirector de la cárcel La Picota de Bogotá, César Augusto Ceballos Giraldo; el abogado Germán Eduardo Cifuentes Rodríguez; y el investigador privado Jorge Efredy Monroy Ávila, fueron ante un juez de control de garantías como presuntos responsables de realizar distintas maniobras para beneficiar a una persona procesada por tráfico de estupefacientes.
En marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia condenó a 16 años de prisión a un hombre capturado en situación de flagrancia con 300 kilogramos de cocaína y dispuso que debía permanecer en el establecimiento carcelario de Villavicencio (Meta). Desde entonces, el abogado Cifuentes Rodríguez habría ofrecido sus servicios para contactar a funcionarios que, a cambio de dádivas, le darían al causado ciertos beneficios como el reconocimiento de la detención domiciliaria, rebajas en la pena y permisos de trabajo, entre otros.
Inicialmente, el 31 de julio de 2015, el entonces director de la cárcel La Picota, al parecer, permitió que el sentenciado ingresara irregularmente a ese centro penitenciario, con apenas presentarse voluntariamente sin un traslado oficial del Inpec, con una boleta de detención falsa y en claro desconocimiento de lo establecido en el fallo.
Mientras tanto, Monroy Ávila, quien estaba encargado de recolectar entrevistas, material fotográfico y documentos para acreditar que el condenado estaba al cuidado de los hijos menores de edad por desaparición de su esposa, algo que resultó no ser cierto.
Las pruebas indicaron que el procesado pagó $250 millones para obtener los beneficios, al abogado Cifuentes Rodríguez, quien habría ofrecido una parte a varios funcionarios y particulares que intervinieron en múltiples falsedades y la manipulación a los sistemas de reparto judicial.
De esta manera, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputo al exdirector de la cárcel La Picota los delitos de uso de documento público falso, prevaricato por acción y prevaricato por omisión; al abogado Cifuentes Rodríguez los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso; y finalmente al investigador privado los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
Ninguno de ellos aceptó los cargos imputados.
