A través de una circular enviada a varios ministerios, la Procuraduría General de la Nación conceptuó que el plazo de cuatro meses establecido para formalizar los contratos de prestación de servicios en el sector público resulta escaso, por lo que solicitó agotar las diversas instancias para ajustar las plantas de personal y evitar que la falta de funcionarios genere una parálisis del Estado en todos sus niveles.
En el escrito se instó a las autoridades públicas a dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios requeridos para materializar el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad 2023, en aras de garantizar el derecho al trabajo en condiciones dignas, y ateniéndose a lo dispuesto en diversos fallos proferidos por las altas Cortes del país.
Sobre el tema, se pronunció también la procuradora delegada de Salud, Protección Social y Trabajo de la Procuraduría, Diana Margarita Ojeda Visbal, quien señaló que no se puede dejar a las entidades “sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de los servicios que prestan a la ciudadanía”, anotó la funcionaria, quien además precisó que los entes territoriales disponen de autonomía para adelantar los trámites en materia de plantas de personal.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó a los responsables de la administración cumplir con la obligación legal de avanzar en los trámites para la organización de la prestación de los servicios financieramente viables y administrativamente eficientes, sin desconocer los derechos de los contratistas del Estado a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral.
