La Unidad Nacional de Protección (UNP), está a punto de adjudicar un contrato cercano a los 80 mil millones de pesos que tiene como fin el arrendamiento de vehículos blindados.
Sin embargo ha llamado la atención que una de las empresas estaría relacionada Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido como ‘el zar de la seguridad’ y quien en la actualidad está prófugo de la justicia, tendría serias intenciones de quedarse con dicho contrato.
Pese a las denuncias hechas públicamente hace algunos meses por un contrato similar, una vez más la empresa Alliance Security Rent Car Ltda de la cual es socia María Aurora Moreno Ojeda, quien tiene los mismos apellidos del “zar” y quien sería su hermana, volvió a postularse a esta convocatoria pública.
La oferta se evidencia a través de la Unión Temporal Perseo 2022 conformada por Alliance Security Rent Car Ltda y por las compañías M.I Blindajes LTDA, Nacional Rent Car LTDA y Vector LTDA Alquiler de Vehículos Blindados, cuya documentación reposa en la página oficial del Secop ii.
También llama la atención que el representante legal suplente de Alliance Security está identificado como Alexander Díaz Díaz quien según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad es supervisor de la empresa Cobasec, una de las organizaciones de Jorge Arturo Moreno Ojeda y que aparece en el listado de empresas que hacen parte del “cartel de la seguridad privada”.
Fuentes confirmaron a RCN Radio que a la UNP también han llegado solicitudes pidiendo una estricta revisión de esta propuesta ya que se ha evidenciado que aunque los pliegos exigen blindaje con nivel 3,4 y 5, esta Unión Temporal ofertó blindajes de nivel 1 y pese a ello así habrían sido validados.
Según la documentación radicada en Secop II, la compañía Alliance Security demostró ante la UNP que algunas partes de sus camionetas como el capot y el techo cuentan con blindaje tipo uno, es decir de solo seis capas, por lo que no cumplirían con los requisitos para postularse.
El oferente además denunció que “como no es extraño en casi la totalidad de los procesos, el evaluador técnico al parecer realiza su labor a la ligera y sin la debida diligencia que sí aplica a los demás participantes en el proceso”, se lee en el documento.
