En esta oportunidad la razón obedecería a que la fuerza pública ordenó que la puerta del reciento permaneciera abierta, lo que afectaba la privacidad del encuentro.
Nuevamente se ve intervenida la audiencia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) trata de adelantar con el jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel.
En esta oportunidad, Otoniel relatoría el caso de Urabá, pero no pudo, pues se vio interrumpida la diligencia en dos ocasiones por funcionarios de la Policía Nacional que, finalmente, ordenaron que la puerta del lugar permaneciera abierta.
Por lo anterior, la JEP les había solicitado en ocasiones anteriores que se respete la privacidad en las entrevistas a “Otoniel” que han sido interrumpidas, al menos, en tres ocasiones. De hecho, en un auto expedido el 10 de marzo, el tribunal especial le ordenó al Mayor General Fernando Murillo Orrego, director de la Dijín, “que se abstenga de realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno al convocado” en las salas de audiencias, aal tiempo que ordenó evitar “en general acciones que obstaculicen la práctica de testimonios u otras diligencias del señor Dairo Antonio Úsuga David ante la JEP”, debido a que la presencia de fuerza pública en las audiencias podría ser, según el auto, un factor que vulnere el relato entregado por “Otoniel”, por lo que también dio un plazo de 30 días para presentar situaciones que hayan puesto en peligro su vida.
A propósito de las interrupciones reiteradas a las entrevistas a Úsuga, se cree que la fuerza pública ha evitado dejarlo solo porque podría revelar la participación de la institución en hechos asociados con los narcoparamilitares. Es más, el 19 de febrero pasado, “Otoniel” pidió dar su relato a la JEP con el argumento de “colaborar con las Fuerzas Armadas y promover y financiar grupos paramilitares”.
No obstante, desde la Policía siempre ha negado cualquier tipo de intención de afectar las audiencias de “Otoniel” y, por el contrario, ha insistido en que su labor institucional es velar por la seguridad de quien podría tener intención de fugarse –el exjefe del Clan del Golfo–en todas las instancias.
La defensa de alias Otoniel ha buscado evitar su extradición a Estados Unidos, propiamente a Florida y Nueva York –los dos estados que lo requieren– por lo que ha buscado que sea juzgado, precisamente, por el tribunal especial, al que la Corte Suprema de Justicia le remitió el expediente luego de negarse suspender este proceso. Sin embargo, el tribunal especial consideró que no hay motivos de peso para frenar su envío al país norteamericano.