El próximo 2 de septiembre finalizará el tiempo de Carlos Córdoba al frente de la Contraloría General, por lo que la elección de su sucesor por parte del Congreso será en agosto, luego de la posesión del nuevo Jefe de Estado.
Es la única cabeza de órganos de control, Fiscal General y magistrados de la Corte Constitucional que mantiene su periodo en concordancia con el sistema de pesos y contrapesos establecido frente a un nuevo gobierno.
Por ello la Asamblea Nacional Constituyente al redactar la actual Carta Política se cuidó de que el periodo de las cabezas de los órganos de control, del Fiscal General y los magistrados de la Corte Constitucional.
La Constitución en el artículo 267 establece que “el Contralor será elegido por el Congreso en pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo”.
De esta forma la Constitución busca que el Presidente en ejercicio no tenga injerencia alguna en la elección del Contralor General, quien tiene la función de cuidar el uso adecuado y de acuerdo a la ley de los recursos públicos.
Empero por la forma como se dio en un primer momento, tras expedirse la nueva Carta Política, se logró que en el tramo final de un gobierno se eligieran Procurador General, Defensor del Pueblo y Fiscal General, con el fin de que la mayor parte de su periodo lo desarrollaran en la entrante administración, esto con el fin de buscar garantizar aún mayor independencia en el ejercicio de sus funciones.
La Constitución establece que el Procurador General de la Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Así mismo señala el texto constitucional que el Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido.
Es un fenómeno que se ha presentado en las administraciones de Álvaro Uribe (2006-2010), Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), así como la actual de Iván Duque.
