El anuncio fue hecho esta mañana por el fiscal Francisco Barbosa, quien además aseguró que se vincularán cuatro personas más al proceso.
Sin lugar a dudas el escándalo del contrato entre el MinTIC y la Unión Temporal Centro Poblados, fue la noticia más más cuestionada con mayor grado de indignación entre los colombianos en 2021, lo cual dejó sin Internet a los colegios públicos en las zonas más apartadas del país.
El escandaloso contrato se ventiló a mediados de agosto de este año, conociendo algunos detalles de la contratación adjudicada en diciembre de 2020 por un monto de $1.07 billones, el cual registraba importante irregularidades que daban cuenta que detrás que advertía una actuación non sancta y que terminó con los primeros indicios frente a la pérdida de $70 mil millones del anticipo entregado.
Al respecto, la Fiscalía General de la Nación hizo afectivas las órdenes de captura en contra de Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, como cabezas de Centros Poblados y partes activas de las falsedades dentro del proceso contractual.
En la investigación, una de las líneas trazadas por la Fiscalía tiene que ver con ubicar el paradero de los $70 mil millones del anticipo entregado, frente a lo cual el mismo fiscal Francisco Barbosa reveló que actualmente se trata de llegar a los respectivos preacuerdos para poder recuperar ese dinero, “Lo importante es decirle al país que se van a lograr recuperar los $70.000 millones del contrato”, recalcó Barbosa.
Con los preacuerdos se busca que los involucrados entreguen los recursos que completarían los $70 mil millones, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República ya surtió un proceso de embargos.
El Fiscal Francisco Barbosa dijo además que cuatro personas adicionales serán vinculadas al proceso por delitos como peculado por apropiación en favor de terceros.
Aunque no quiso ahondar en quiénes, fue claro en anunciar que son quienes participaron activamente dentro de la contratación.
Como parte de la cronología de este escándalo vale la pena recordar que todo llevó a la renuncia de la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen.
