Formalmente la Fiscalía acusó ayer a Sergio Fajardo ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, por un empréstito por la suma de 98 millones de dólares para la sustitución de deuda que se firmó en 2015 cuando era gobernador de Antioquia.
Según la Fiscalía, esto generó un detrimento de más de $98 mil millones al departamento.
“El juicio se realizará el 2022”, señaló la Corte en Twitter. Ello indica que la etapa definitiva en este proceso que tiene más de cinco años comenzaría después de mediados del mes de enero próximo.
Como se sabe, Fajardo aspira a la Presidencia en las elecciones de mayo próximo, como parte de la Coalición Centro Esperanza, en la que espera disputar la candidatura única de este bloque político en marzo en una consulta en la que también participarán el exministro Juan Fernando Cristo.
Fajardo ha señalado que sus actuaciones al frente de la Gobernación estuvieron enmarcadas en la ley.
“Cuando llegamos a la Gobernación de Antioquia, en enero del 2012, Antioquia tenía una deuda interna y una deuda externa. De hecho, tenía dos créditos en dólares con la banca multilateral, uno con el BID y otro con el Banco Mundial que, valga la pena anotar, no tenían ningún tipo de cobertura. Revisamos la deuda que se tenía y tomamos la decisión de buscar un reacomodo, de perfilar esa deuda, de buscar unos mejores plazos, de forma tal que liberamos unos recursos para inversión”, precisó.
Por el proceso que se le sigue, Fajardo indicó que “nos quieren sacar de la carrera porque somos un estorbo para los corruptos y para quienes siempre han gobernado. No han podido y no podrán hacerlo”.
La semana pasada, Fajardo dijo ante la confirmación de un fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones, que lo incluye junto a 25 personas más naturales y jurídicas por los retrasos en la construcción de Hidroituango.